Gobierno Colorado busca facilitar aún más el clientelismo con reforma de la función pública

El Proyecto de Ley que modificaría la Ley de la Función Pública, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que fuera presentada por el Vicepresidente Hugo Velázquez y el Ministro de Hacienda Benigno López, personajes altamente cuestionados por el Acta Secreta de Itaipú.

Foto: Diario Extra.

En primer lugar, el proyecto de ley elimina de facto el concurso de oposición como forma de obtener estabilidad a la hora de acceder al cargo.

Llamativamente, aumentan a 4 años el periodo de prueba, ya que un gobierno dura 5 años, entonces se presta a que sea usado como forma de mantener cautiva y activa a la clientela partidaria, y contratar y recontratar según la “fidelidad electoral”

Se pretende además elevar los años para obtener estabilidad, hecho que puede ser usado para aumentar el poder de displinamiento de los correligionarios.

Otra manera de mantener cautiva a la clientela, como se plantea en el proyecto de ley, es la de no ser lo suficientemente claros al momento de establecer motivos de despido del funcionario público, hasta hoy se da mediante un sumario administrativo, al plantear mecanismos confusos lo que se hace es desproteger al funcionario y dar mayor poder al partido de gobierno.

La mejor manera de hacer a un funcionario independiente es darle estabilidad y evitar que el partido de gobierno pueda despedirlo haciendo abuso de poder.

Sumado a todo esto platea que la Secretaría de la Función Pública, un órgano que no tiene funciones ni experiencia en cuestiones sindicales, la función de validar la inscripción de un sindicato, obviamente, para evitar que sindicatos sean freno a la injerencia partidaria en cuestiones de función pública.

Aquí no se busca garantizar excelencia en el servicio de la función pública, sino facilitar al Partido Colorado seguir usando con mayor facilidad los cargos públicos para mantener el sistema de clientela partidaria.

Lo que un gobierno que busca excelencia debe hacer es cumplir totalmente la Ley de la Función Pública, cosa que hasta ahora no sucede.