Estamos viviendo una crisis económica, social y ambiental insostenible. Las tierras malhabidas, la concentración en pocas manos, el agronegocio y la expulsión de familias campesinas e indígenas de sus territorios son elementos que nos conducen hacia una pésima calidad de vida en nuestro país. Todo esto sostenido en Paraguay por un modelo productivo destructivo que solo beneficia a una pequeña claque privilegiada oligárquica y perjudica a la mayoría. Es hora de acabar con la impunidad que lo permite.
Un buen tiempo atrás empezamos a oír voces denunciantes de los terribles daños que el actual modelo económico provoca en nuestro ambiente, pero hace unas semanas lo sentimos en nuestras vidas -y hay mucha gente que lo sigue sintiendo-, no fue para nada agradable, cientos de focos de incendios en el campo y en las ciudades del área metropolitana, vimos nuestro mundo pintarse de naranja, el humo quemaba nuestras vías respiratorias y sentimos nuestros ojos arder.
Paraguay arde y la posesión de la tierra constituye un elemento fundamental para apagar los focos. Una buena manera de salvarnos sería recuperar las, aproximadamente, 8.000.000 de tierras malhabidas, combatir la concentración, preservar los territorios indígenas y las colonias campesinas y salvaguardar las zonas declaradas áreas silvestres protegidas y los bosques que quedan.
Un vocero de los agroempresarios, Diego Zavala, ante los cuestionamientos respecto a la deforestación e incendios provocados para el cambio de uso de suelo (eufemismo para referirse a la desforestación de bosques para el monocultivo o la cría de ganado), respondió que busquemos otro planeta para vivir, sin embargo, la cuestión es que no existe un planeta b, no tenemos otro a donde ir a vivir, así que serán ellos quienes tendrán que dejar de destruir el único que tenemos.
Ahora sabemos que la familia Zavala recibió tierras malhabidas durante la dictadura y que hoy posee de forma irregular tierras del Parque Nacional de Ybycui. Uno de sus miembros, Fidel Zavala, se encuentra defendiendo sus intereses y los de la claque privilegiada desde el Congreso, ya que fue electo senador para el actual periodo.
Ante la evidencia, es urgente que transitemos hacia un horizonte verde. Lo que tenemos ahora es una economía que destruye nuestro ambiente, que no conoce de límites y que se encuentra en franca guerra contra la gente, debemos responder con políticas de cambio.
Ellos saben que sus días de impunidad están acabando. Tantas preocupaciones tienen, que incluso se resisten y presionan mediante grandes campañas de descredito contra respetables investigaciones hechas por organismos como la Comisión de Verdad y Justicia e incluso con fakes news instando a que Paraguay no ratifique el Acuerdo Escazú, el cual garantiza acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La legalidad, o no, de las prácticas que afectan nuestras riquezas naturales no es la cuestión en discusión, si lo que están haciendo con nuestros bosques (deforestación), con nuestras aguas (contaminación de cauces hídricos y el uso indiscriminado), nuestro aire (menos árboles e incendios en todas partes) se enmarca en las leyes vigentes en nuestro país, es imperativo cambiarlas y ajustarlas pensando en la gente, en su bienestar y en su futuro, no solo en el lucro excesivo de unos pocos privilegiados.
Las leyes responden a los poderosos de turno y para ellos Paraguay es territorio de uso y abuso, los grandes agroempresarios, ganaderos y empresarios nos saquean, destruyen y llevan el dinero al exterior.
Tenemos una terrible concentración de tierras en pocas manos y una clara política público-privado para expulsar a las familias campesinas e indígenas de sus territorios. Resulta fundamental recuperar las tierras malhabidas y con posesión irregular y devolverlas a sus dueños legítimos, el Estado y por ende el pueblo.
Los índices de concentración de tierras en pocas manos son alarmantes en nuestro país. En el informe Yvy Jara, elaborado por BaseIS, se señala que “el 90% de la tierra está en manos de 12.000 grandes propietarios, mientras que el restante 10% se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores”, lo que resulta insostenible.
Los problemas ambientales se acrecientan a pasos agigantados a causa de este modelo extractivista, demasiado similar, por no decir que idéntico, al implementado por la monarquía española en las colonias americanas hace siglos, donde -como ahora- a una pequeña casta, una claque, solo le importaba extraer toda la riqueza posible sin importar ningún daño que pueda causar a la población y a su tierra.
Urge ratificar el Acuerdo Escazú, que el Poder Judicial sancione a quienes incumplen las leyes ambientales, una reforma tributaria que castigue a los destructores del ambiente e impulse la industrialización y desarrollo con el uso de nuestra energía, tendiente a superar la dependencia al petróleo.
No podemos seguir permitiendo que unos pocos se hagan supermillonarios mientras la calidad de vida de la mayoría se va deteriorando. ¿Dinero o vida? Es hora de sembrar intereses de las mayorías para cosechar vida saludable y sustentable.