Arancel Cero: el afán del congreso por negar derechos llega a la ilegalidad

Por Jhonatan Villalba.

En los últimos días se viene dando el debate en torno al tratamiento en diputados del proyecto de ley de Arancel Cero en universidades públicas, donde existen propuestas de modificación a la misma, mientras que el estudiantado organizado y movilizado defiende la aprobación sin ningún tipo de modificaciones, entendiendo que el “derecho suspensivo” a la educación universitaria no se puede postergar más, que estamos en una situación de emergencia en la cual ya no podemos permitir que aún más estudiantes tengan que abandonar la carrera por no poder costearla, y también, que abrir el terreno de las modificaciones es abrir la cancha para que se desvirtúe la esencia del proyecto de ley: que toda persona que lo desee pueda estudiar, sin barreras económicas de por medio, en una universidad nacional.

Foto: ABC Color.

Sin embargo, durante el programa radial “Educación, una apuesta al futuro”, conversábamos con el senador proyectista Víctor Ríos y caímos en cuenta de algo insólito, el proyecto de ley que fue redactado para tratarse en diputados este miércoles no es el que fuera aprobado por unanimidad de los presentes en el senado, fue modificado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que lo aprobado por la cámara de origen sea modificado en el camino antes de llegar a la cámara revisora? No lo entendemos, pero lo que sí entendemos es que puede formar parte de una jugada política, una conspiración con todas las letras.

Los pormenores son los siguientes: el proyecto presentado a la cámara de senadores no contemplaba una fuente de financiamiento para el arancel cero por considerarlo innecesario, según el mismo senador proyectista, existe un amplio abanico de justificaciones jurídicas que hacen de la educación universitaria y de toda la educación superior un derecho, mas ante la insistencia de incluir una fuente de financiamiento, se decidió en senadores que el financiamiento provendría del Fondo Nacional para Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE (producto de las compensaciones por cesión de energía eléctrica de Itaipu al Brasil, por lo tanto, relativamente estable y separado de los fondos del Tesoro Nacional).

El FONACIDE, según la ley que lo crea, tiene varios destinos, entre los cuales se encuentran: a) El tesoro Nacional (la administración central) para proyectos de infraestructura, b) El Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI, C) Gobiernos Departamentales y municipales, d) Fondo Nacional para la salud, y e) Capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo - AFD.

El proyecto de Ley de Arancel Cero crea un sexto destino, “f) Universidades Nacionales para el financiamiento de la ley que establece la exoneración de aranceles educativos”. Destinando a este apartado un 7% de los fondos del FONACIDE, los cuales son tomados de lo destinado a la administración central, o esto fue lo aprobado en el senado, pero el proyecto que llegó a diputados para su tratamiento establece que los fondos para este apartado serán tomados del FEEI, reduce el 30% de lo que le toca del FONACIDE a un 23%, este 7% es lo que se destina a Universidades públicas, tras este paso y de manera articulada, la cámara baja solicita el parecer del Consejo administrador del FEEI, quienes, obviamente, rechazaron la medida en un comunicado que incluye la firma del ministro de Hacienda, dato no menor, pues es la institución que se encargará de reglamentar la ley.

Aquí debemos ser bien claros, como estudiantes no consideramos un crimen sacrílego tomar dinero del Fondo para la Excelencia en EDUCACION e Investigación, para usarlo en educación superior (de hecho ya ocurre con varios programas, el mejor ejemplo son las Becas Carlos Antonio López); no solo porque para eso está, también por los múltiples aspectos cuestionables del FEEI como bajísima ejecución presupuestaria, fondos que ni siquiera tienen un proyecto de destino, un antecedente de haber comprado ARMAS con dinero de ese fondo que debería ser usado en educación y representantes de la sociedad civil que no son electos por nadie y no sabemos quién los pone ahí ni a quién representan; sino que esto fue evitado justamente para no generar un conflicto que retrasaría aún más o incluso ponga en riesgo esta urgente ley. Pero la modificación fue realizada de todos modos, llegó a diputados un proyecto que no fue votado en el senado, según denunció el propio senador proyectista durante el programa.

Como estudiantes, como jóvenes, y como país, nos queda posicionarnos ante esta circunstancia de clara resistencia a garantizar un derecho. El hecho de que se tome dinero de un fondo que, de todos modos, tiene como finalidad la educación, con baja ejecución presupuestaria histórica y donde los únicos proyectos ejecutados a cabalidad son los que involucran al sector privado, dejando claro los intereses que defiende su consejo administrador, de ninguna manera disminuye la viabilidad de la ley o la necesidad de gratuidad en la educación. Y dicha gratuidad no se puede seguir postergando so pretextos de modificaciones para “mejorar la ley” (una ley factible), provenientes de sectores que nunca manifestaron interés ni trabajaron en proyectos encaminados a garantizar el derecho a la universidad, pero que hoy repentinamente aparecen con propuestas de “mejoras”.

Las visiones polarizadas suelen pecar de simplistas, pero cuando mostrarse “a favor, pero…” se vuelve una estrategia recurrente, las posturas se vuelven evidentes. Algunos estamos a favor del derecho a la Universidad, otros están en contra, pero buscan decirlo con gracia.